Activistas trans exigen cumplimiento de la recomendación 42/

Este lunes, activistas y personas trans mayores se congregaron en la Plaza de la Constitución, en la Ciudad de México, para volver a exigir que el Estado cumpla la recomendación 42/2024 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). La convocatoria, organizada por varios colectivos trans y aliados de derechos humanos, buscó visibilizar la urgencia de crear mecanismos de protección integral y de acceso a la justicia para personas trans adultas mayores y no binarias, una población que sigue enfrentando discriminación y violencia institucional.

¿Qué establece la recomendación 42/2024?

El informe de la CNDH, publicado a principios de 2024, señaló que la normativa vigente y la ausencia de políticas específicas dejan a las personas trans mayores en una situación de vulnerabilidad extrema. Entre los principales lineamientos, la recomendación solicita:

La elaboración de un registro nacional que permita cuantificar la violencia y exclusión que sufre la población trans mayor.
La creación de programas de salud, vivienda y seguridad social adaptados a sus necesidades específicas.
El fortalecimiento de la Ley Integral Trans con medidas que incluyan a adultos mayores y a personas no binarias.
La puesta en marcha de mecanismos de reparación histórica que reconozcan y compensen los daños acumulados.

Una de las observaciones clave del documento es la falta de datos oficiales sobre la situación de las personas trans mayores, lo que dificulta la planificación de acciones efectivas. Por ello, la CNDH pidió al gobierno federal y a las entidades federativas que institucionalicen un registro que incluya indicadores de salud, empleo y violencia.

Demandas concretas de los colectivos trans

Durante la marcha, los grupos participantes reiteraron que la inacción del gobierno equivale a una forma de invisibilidad institucional. Las demandas principales son:

Implementar de inmediato protocolos de atención médica que reconozcan la identidad de género sin requisitos burocráticos ni esperas innecesarias.
Garantizar el acceso a pensiones y prestaciones sociales sin discriminación por identidad de género.
Desarrollar programas de capacitación obligatoria para funcionarios públicos que incluyan sensibilización sobre la diversidad de identidades y la vulnerabilidad de la población trans mayor.
Crear una comisión interinstitucional que supervise la ejecución de la recomendación 42/2024 y publique informes de avance trimestrales.

Una portavoz de los organizadores, que prefirió mantenerse anónima, manifestó que “no podemos seguir esperando mientras la población trans mayor sigue siendo víctima de negligencia”.

Contexto político y legal

El llamado a la acción coincide con el debate en el Congreso sobre la Ley Integral Trans, proyecto que busca consolidar derechos civiles, laborales y de salud para personas trans. Aunque el proyecto ha avanzado en la Cámara de Diputados, los legisladores aún no han incluido disposiciones específicas para adultos mayores ni para personas no binarias, lo que genera críticas de la comunidad trans y de organizaciones de derechos humanos.

Expertos en derechos humanos advierten que el incumplimiento de la recomendación 42/2024 podría constituir una violación de tratados internacionales ratificados por México, como la Convención contra la Discriminación y la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ambas normas obligan al Estado a adoptar medidas de protección para grupos vulnerables, entre los que se encuentran las personas trans mayores.

Próximos pasos y acciones de presión

Frente a la falta de avances concretos, los activistas anunciaron una serie de acciones de presión que incluyen:

Sentadas permanentes frente a la Secretaría de Gobernación, con la intención de exigir la publicación de un calendario de implementación detallado.
Presentación de demandas judiciales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, alegando violaciones a derechos humanos y a la normativa internacional.
Campañas de información y recaudación de firmas en línea para presionar a los legisladores a incorporar las demandas trans en la Ley Integral Trans.
Alianzas con organizaciones de salud y vivienda para diseñar propuestas de políticas públicas que puedan ser presentadas al Ejecutivo.

La comunidad trans y sus aliados esperan que la respuesta institucional sea rápida y concreta, ya que la demora prolonga la vulnerabilidad de quienes ya han sufrido décadas de exclusión. La presión social y judicial podría acelerar la adopción de medidas que garanticen una vida digna y plena para las personas trans mayores.

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