España avanza hacia la penalización de las terapias de conversión

España da un paso histórico en la protección de los derechos de las personas LGBTIQ+ al avanzar en la tramitación de una ley que podría tipificar como delito las llamadas terapias de conversión. El Congreso de los Diputados ha aprobado continuar con el debate de esta iniciativa, que busca no solo prohibir estas prácticas pseudocientíficas, sino también imponer sanciones penales —incluyendo penas de prisión— para quienes las promuevan o realicen. Este avance legislativo refuerza el compromiso del país con la erradicación de métodos que, bajo la falsa premisa de "curar" la orientación sexual o la identidad de género, han causado un daño irreparable a miles de personas.

La medida coloca a España en la vanguardia de la defensa de los derechos humanos, alineándose con otros países que ya han prohibido estas prácticas, como Alemania, Francia, Canadá o varios estados de EE.UU. y América Latina. Sin embargo, el camino hacia una ley definitiva aún requiere un debate profundo en el Parlamento, donde se discutirán enmiendas para garantizar que la normativa sea efectiva, inclusiva y respaldada por un consenso amplio.

¿Por qué son peligrosas las terapias de conversión?

Las terapias de conversión, también conocidas como terapias de reorientación sexual o esfuerzos para cambiar la orientación sexual o identidad de género (ECOSIG), son prácticas que buscan modificar la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona. Aunque se presentan bajo distintos formatos —desde sesiones psicológicas hasta "retiros espirituales"—, todas comparten una base común: la idea de que ser LGBTIQ+ es un "trastorno" o una "enfermedad" que debe "corregirse".

Esta premisa ha sido categóricamente rechazada por la comunidad científica y médica internacional. Organizaciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Asociación Americana de Psicología (APA) y el Colegio Oficial de Psicólogos de España han advertido que estas prácticas no solo carecen de fundamento científico, sino que son profundamente dañinas. Sus efectos incluyen:

• Problemas de salud mental: Ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático (TEPT) y aumento del riesgo de suicidio.
• Daño a la autoestima: Sentimientos de culpa, vergüenza y rechazo hacia uno mismo.
• Violación de derechos humanos: Atentan contra la autonomía personal, la dignidad y el derecho a no ser sometido a tratos crueles o degradantes.
• Refuerzo de estigmas: Perpetúan la idea de que ser LGBTIQ+ es algo negativo que debe ocultarse o "arreglarse".

Un informe de la ONU en 2020 calificó estas prácticas como "una forma de tortura", subrayando que suelen realizarse en contextos de coerción, especialmente contra menores o personas en situaciones de vulnerabilidad. En España, aunque no existen datos oficiales sobre su prevalencia, colectivos como FELGTB y Chrysallis han documentado casos en entornos religiosos, clínicas privadas e incluso en algunas comunidades autónomas donde aún no están explícitamente prohibidas.

El contexto legal en España y el mundo

España ya había dado pasos importantes para proteger a la comunidad LGBTIQ+ de estas prácticas. En 2021, la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI (conocida como Ley Trans) incluyó la prohibición de las terapias de conversión en su articulado. Sin embargo, esta ley se centra en sanciones administrativas, mientras que el nuevo proyecto busca elevarlas a delito penal, con penas que podrían llegar a los 12 meses de prisión para quienes las realicen o promuevan.

Esta diferencia es clave. Mientras las sanciones administrativas suelen ser multas o inhabilitaciones profesionales, la tipificación penal envía un mensaje contundente: las terapias de conversión no son un "error" o una "mala práctica", sino un atentado contra los derechos fundamentales. Países como Malta (2016), Alemania (2020) y Canadá (2022) ya han adoptado este enfoque, con resultados positivos en la disuasión de estas prácticas.

En América Latina, el avance ha sido desigual. Mientras países como Argentina, Brasil, Uruguay y Ecuador han prohibido las terapias de conversión, en otros —como México o Perú— aún no existe una ley federal, aunque algunas regiones han tomado medidas locales. En este contexto, España podría convertirse en un referente global, especialmente para los países hispanohablantes, donde el activismo LGBTIQ+ sigue luchando contra estas prácticas.

Los desafíos del debate legislativo

Aunque el avance en el Congreso es esperanzador, el proyecto de ley aún enfrenta desafíos importantes antes de convertirse en realidad:

• Definición clara de las prácticas: Es crucial que la ley especifique qué se considera una "terapia de conversión" para evitar lagunas legales. Por ejemplo, ¿incluiría sesiones psicológicas que, sin mencionar explícitamente la reorientación, promuevan la "abstinencia" o la "heterosexualidad como norma"?
• Protección a menores y personas vulnerables: La ley debe garantizar que nadie —especialmente menores de edad— sea sometido a estas prácticas bajo presión familiar, religiosa o social.
• Sanciones proporcionales: Las penas deben ser lo suficientemente severas para disuadir, pero también deben contemplar mecanismos de reparación para las víctimas, como acceso a apoyo psicológico o compensaciones.
• Consenso político: Aunque el proyecto cuenta con el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios, algunos sectores conservadores podrían intentar diluir su alcance, argumentando "libertad religiosa" o "derecho a la terapia".

Organizaciones como FELGTB, Fundación Triángulo y Amnistía Internacional España han celebrado el avance, pero insisten en la necesidad de que la ley sea ambiciosa y sin concesiones. "No podemos permitir que se repitan casos como el de ese joven que, tras ser sometido a 'terapias' en un centro religioso, intentó quitarse la vida", declaró un portavoz de FELGTB en una reciente rueda de prensa.

¿Qué sigue ahora?

El proyecto de ley pasará ahora a una fase de enmiendas, donde los grupos parlamentarios podrán proponer modificaciones. Posteriormente, se someterá a votación en el Pleno del Congreso y, de aprobarse, pasará al Senado. Si todo avanza sin contratiempos, España podría tener una ley definitiva antes de finales de 2024, consolidándose como uno de los países con las protecciones más robustas contra las terapias de conversión.

Mientras tanto, la sociedad civil sigue movilizada. Colectivos LGBTIQ+ han lanzado campañas como #NadaQueCurar para visibilizar los daños de estas prácticas y presionar por una ley contundente. Además, plataformas como ElChatGay.net ofrecen espacios seguros para que las personas afectadas compartan sus testimonios y encuentren apoyo.

Este avance legislativo no solo es una victoria para la comunidad LGBTIQ+, sino para toda la sociedad. Como dijo el activista y escritor Alberto Mira: "La diversidad no es un problema que deba resolverse, sino una realidad que debe celebrarse". Prohibir las terapias de conversión es un paso más hacia una España —y un mundo— donde todas las personas puedan vivir libres, sin miedo y con dignidad.

¿Has sido testigo o víctima de estas prácticas? ¿Quieres compartir tu historia o informarte más sobre el tema? Únete a nuestro chat comunitario en ElChatGay.net y forma parte de una red de apoyo que no juzga, escucha y lucha por tus derechos. ¡Tu voz importa!