Exteriores deberá revelar el alcance real de la nacionalización por leyes de memoria

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España se enfrenta a la obligación de levantar el velo de opacidad sobre los procesos de nacionalización vinculados a la memoria histórica. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha emitido una resolución firme que exige al departamento ministerial detallar cuántas personas han adquirido la ciudadanía española al amparo de las legislaciones aprobadas en 2007 y 2022, según una información adelantada por la agencia de noticias Europa Press.

La resolución del órgano garante del acceso a la información pública responde a la necesidad de evaluar el impacto real de estas normativas reparadoras en la diáspora. Hasta el momento, el volumen exacto de expedientes resueltos de manera favorable a través de la red consular del Estado se mantenía fuera del escrutinio público detallado, una situación que ahora Exteriores deberá corregir facilitando las cifras oficiales acumuladas.

El impacto de la "ley de nietos" bajo la lupa de Transparencia

El requerimiento del Consejo de Transparencia abarca dos periodos legislativos clave para los descendientes del exilio español:

• La Ley de Memoria Histórica de 2007: El marco normativo inicial impulsado bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que abrió la primera ventana temporal para la recuperación de la nacionalidad.
• La Ley de Memoria Democrática de 2022: La legislación vigente que incorpora la disposición adicional octava, conocida popularmente en la comunidad internacional y en América Latina como la "ley de nietos".

Esta última norma amplió significativamente los supuestos para que hijos y nietos de españoles de origen —muchos de los cuales perdieron o tuvieron que renunciar a su nacionalidad como consecuencia del exilio por motivos políticos, ideológicos o de orientación sexual durante el franquismo— pudieran solicitar el pasaporte español.

Un paso hacia la rendición de cuentas

La decisión del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno supone un espaldarazo a la fiscalización de las políticas de reparación y memoria. Las directrices del órgano de control obligan a la administración a sistematizar y entregar una información que resulta clave para entender la dimensión demográfica y social de ambas leyes en el exterior.

Para los colectivos de descendientes y los analistas de políticas migratorias y de memoria, el acceso a estos datos estadísticos permitirá conocer el rendimiento de los consulados españoles, habitualmente saturados por la alta demanda de estos trámites, y verificar si las expectativas de acceso a la nacionalidad generadas por la ley de 2022 se están traduciendo en resoluciones efectivas.