proyecto de ley

Una mañana de julio, una marcha de más de dos mil personas se congregó frente al Congreso de la República en Lima, ondeando banderas arcoíris y pancartas que reclamaban “Identidad y dignidad ahora”. El motivo: el proyecto de ley N.º 3115, que avanza en la agenda legislativa peruana y que, de aprobarse, permitiría a cualquier persona cambiar su nombre y sexo registral sin necesidad de intervención quirúrgica y establecería sanciones penales por discriminación basada en orientación sexual o identidad de género.

Los ejes principales del proyecto

El texto se divide en tres bloques esenciales:

• Reconocimiento de la identidad de género: habilita la rectificación de datos en el DNI y el pasaporte mediante una solicitud administrativa, con la garantía de que la decisión será revisada por un tribunal especializado.
• Protección contra la discriminación: incluye la prohibición de exclusión laboral, educativa y sanitaria por motivos de orientación sexual o identidad de género, contemplando multas de hasta 30 UIT (Unidad Impositiva Tributaria) para empresas infractoras.
• Acceso a la salud integral: obliga a los establecimientos de salud pública a ofrecer tratamientos hormonales y psicológicos sin requisitos arbitrarios, alineándose con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud.

El proyecto fue presentado por la bancada progresista del Congreso, encabezada por la congresista Marisol Espinoza, y recibió el voto favorable de la Comisión de Derechos Fundamentales en la última sesión de la Cámara.

Reacciones de la comunidad LGBT+ y la sociedad civil

Organizaciones como la Asociación de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales y Diversas (ASLGBT) celebraron la iniciativa, señalando que “es un paso histórico que coloca a Perú entre los países latinoamericanos con mayor avance legislativo en materia de derechos LGBTI+”. En una rueda de prensa, la presidenta de la asociación, Ana Ramos, recordó que la ausencia de una normativa clara obliga a muchas personas a enfrentar rechazos en hospitales y a vivir en la invisibilidad.

Sin embargo, el proyecto también encontró una fuerte oposición. Grupos conservadores y la Conferencia Episcopal del Perú emitieron comunicados en los que califican la propuesta como “una amenaza a los valores tradicionales”. En la Cámara de Diputados, varios legisladores expresaron su preocupación por la “posible desarticulación del concepto de familia”. Estas voces han impulsado la convocatoria de manifestaciones contrarias en distintas ciudades, como Arequipa y Trujillo.

Desafíos y perspectivas de futuro

El plazo para que el proyecto sea debatido en pleno Congreso se extiende hasta finales de 2024. Si la iniciativa supera la segunda vuelta legislativa, el presidente deberá promulgarla dentro de los 30 días siguientes, según la Constitución peruana. En ese escenario, la comunidad LGBT+ tendría una herramienta legal para denunciar actos discriminatorios y para ejercer su derecho a la identidad sin barreras médicas.

El debate también ha reactivado discusiones en otros países hispanohablantes. En México, la reciente aprobación de la Ley de Identidad de Género en la Ciudad de México ha sido citada como referencia, mientras que en Argentina y Chile se observa una creciente presión para actualizar marcos legales similares. La experiencia peruana podría servir de modelo o de advertencia, dependiendo de cómo evolucione el proceso parlamentario.

Mientras tanto, activistas continúan organizando talleres de información sobre los procedimientos administrativos que la ley contempla, y se preparan para posibles recursos judiciales en caso de que el texto sea vetado o modificado de forma que debilite sus garantías esenciales.

En el terreno digital, el chat de ElChatGay.net ya registra un incremento de conversaciones sobre el proyecto, con usuarios que comparten experiencias personales y recursos legales. La discusión muestra cómo una propuesta nacional puede resonar en la vida cotidiana de personas espaladas entre Lima, Bogotá, Madrid y Buenos Aires.

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