Milei propone ley de propiedad inviolable y genera protestas masivas en Buenos Aires

El gobierno de Javier Milei volvió a colocar en el centro del debate nacional una propuesta que busca declarar la propiedad privada como “inviolable”. El proyecto, presentado a principios de julio, modifica la Ley de Tierras y la normativa de manejo del fuego, y ha generado una intensa movilización de organizaciones sociales que convocaron a una marcha masiva frente al Congreso el pasado 6 de agosto.

Cambios propuestos en la Ley de Tierras

El borrador legislativo plantea que ningún bien inmueble pueda ser objeto de expropiación, incluso en casos de utilidad pública o emergencia. Entre los puntos más controvertidos destacan:

• Supresión de la cláusula de utilidad pública: la normativa actual permite al Estado adquirir tierras para obras de infraestructura, vivienda social o proyectos de desarrollo. El proyecto propone eliminar esa excepción, argumentando que la garantía de la propiedad es esencial para la inversión.
• Restricción de la expropiación por necesidad pública: la medida limitaría la facultad de expropiar a situaciones de seguridad nacional, reduciendo la capacidad del Estado para intervenir en conflictos agrarios o en la implementación de políticas de acceso a la tierra.
• Endurecimiento de sanciones por ocupaciones ilegales: se contemplan multas más severas y penas de cárcel para quienes invadan o usurpen predios, con el objetivo de “proteger” a los propietarios.

Quienes impulsan la iniciativa señalan que la estabilidad jurídica es un pilar para el crecimiento económico y la atracción de inversiones extranjeras. Sin embargo, expertos en derecho constitucional advierten que la eliminación de la utilidad pública podría entrar en conflicto con la propia Constitución, que reconoce la función del Estado para garantizar el bienestar colectivo.

Modificaciones a la normativa de manejo del fuego

En paralelo, el proyecto introduce cambios en la Ley de Manejo del Fuego, que regula la prevención y el control de incendios forestales. Los aspectos más relevantes son:

• Responsabilidad directa de los propietarios: quien posea tierras forestales será considerado responsable de los incendios que se originan en su dominio, aun cuando la causa sea externa (por ejemplo, una chispa de un vehículo).
• Aumento de las sanciones económicas: las multas previstas, que antes podían alcanzar los 500 mil pesos, podrían elevarse a varios millones según la gravedad del daño y la reincidencia.
• Reducción de la intervención estatal: el proyecto plantea que la acción preventiva del Estado se limite a la emisión de “alertas de riesgo”, delegando la mayor parte de la gestión preventiva y de extinción a los propietarios.

Los defensores de la reforma sostienen que la descentralización de la gestión del fuego favorece la rapidez de respuesta y la corresponsabilidad. Por su parte, ambientalistas y científicos del clima advierten que la falta de coordinación centralizada podría dificultar la contención de incendios en áreas de alta vulnerabilidad, especialmente en la región pampeana, donde los incendios han aumentado en los últimos años.

Reacción de la sociedad civil y marcha del 6 de agosto

Desde su anuncio, la propuesta ha sido calificada por organizaciones medioambientales y colectivos de derechos territoriales como un “retroceso” que pone en riesgo la seguridad de comunidades vulnerables y la conservación de ecosistemas. La Federación de Organizaciones Sociales (FOS) emitió un comunicado en el que pidió mantener la capacidad del Estado para intervenir en casos de urgencia y proteger el patrimonio natural.

El 6 de agosto, cientos de miles de personas se congregaron frente al edificio del Congreso en la Ciudad de Buenos Aires. La marcha, organizada por la FOS, sindicatos agrícolas, grupos ecologistas y partidos de oposición, contó con una presencia significativa de la comunidad LGBTI+, que destacó la intersección entre derechos territoriales y derechos humanos. Durante la protesta se realizaron paneles informativos, performances artísticos y un llamado a la solidaridad interseccional.

Según observadores de la marcha, la convocatoria logró una amplia cobertura mediática, tanto en canales tradicionales como en redes sociales, donde los hashtags #TerritorioSeguro y #DerechosTerritoriales alcanzaron tendencias nacionales. La presencia de cuerpos de seguridad fue notable, aunque no se registraron enfrentamientos mayores.

Evolución del proyecto y perspectivas

Tras la intensa movilización social, el proyecto de ley entró en la fase de discusión en el Congreso. En la primera lectura, los legisladores de la bancada oficialista mostraron reservas y solicitaron la incorporación de “excepciones razonables” que permitan al Estado intervenir en casos de emergencia ambiental y social. En la segunda lectura, celebrada a principios de septiembre, se aprobó una versión modificada que mantiene la protección de la propiedad privada, pero restablece la cláusula de utilidad pública bajo criterios estrictos y define un marco de coordinación entre propietarios y autoridades en la gestión del fuego.

Los analistas políticos de la Universidad de Buenos Aires señalan que el proceso legislativo se ha convertido en un punto de referencia para la discusión sobre la relación entre desarrollo económico, derechos territoriales y protección ambiental en Argentina. La versión final del proyecto, que aún debe ser votada en la Cámara de Diputados, incluye mecanismos de mediación y compensación para comunidades que puedan verse afectadas por proyectos de infraestructura, así como la creación de un registro nacional de riesgos de incendio que combine datos estatales y privados.

En la medida que el proyecto avance, la presión social seguirá siendo determinante. La experiencia del 6 de agosto demostró la capacidad de organización de la sociedad civil y la importancia de los espacios de participación para influir en la agenda pública. La discusión sobre la inviolabilidad de la propiedad y la gestión del fuego seguirá siendo un tema central en los próximos meses, con implicaciones directas para la seguridad alimentaria, la conservación de la biodiversidad y los derechos de las comunidades rurales y urbanas.

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