ley

El barrio de Miraflores, en Lima, amaneció el 20 de junio con carteles pegados en postes y paredes. "Ley no es tu amiga", decían algunos. Otros, más directos: "No a la ley que nos borra". La palabra "ley" —sin apellido— se había convertido en trending topic en Perú en cuestión de horas, pero no por un proyecto legislativo cualquiera. Detrás estaba la Ley N° 31621, aprobada en diciembre de 2022, que prohíbe a las personas trans cambiar su nombre y sexo en documentos oficiales sin una cirugía de reasignación. Para la comunidad LGBT+ peruana, "ley" ya no era un concepto abstracto: era una herramienta de exclusión.

Cuando la ley se escribe contra ti

En los últimos dos años, varios países de habla hispana han visto cómo sus parlamentos debatían —y en algunos casos aprobaban— normas que, bajo discursos de "protección familiar" o "seguridad jurídica", limitan derechos de las personas LGBT+. No es casualidad que el término "ley" se haya cargado de un significado nuevo en redes sociales. En Perú, la mencionada Ley 31621 anuló un avance judicial de 2016 que permitía el cambio de nombre y sexo con un simple trámite administrativo. En Paraguay, el proyecto de "Ley de Protección de la Familia" —impulsado en 2023— buscaba prohibir la "promoción" de la diversidad sexual en escuelas, aunque finalmente no prosperó. Y en Guatemala, la "Ley para la Protección de la Vida y la Familia" (Decreto 18-2022) tipificó como delito la educación sobre orientación sexual e identidad de género.

Lo preocupante no es solo el contenido de estas normas, sino cómo se venden. En Perú, los promotores de la Ley 31621 argumentaron que era necesaria para "evitar fraudes". En Guatemala, se presentó como un escudo contra "ideologías que dañan a la niñez". El patrón es claro: se usa el lenguaje de la legalidad para legitimar la discriminación. Como dijo la activista peruana Gahela Cari en una entrevista reciente, "no es una ley, es un cerrojo".

El efecto dominó en la región

El retroceso no es uniforme, pero sí coordinado. Grupos conservadores con conexiones internacionales —como el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia— han impulsado iniciativas similares en varios países. En 2023, al menos cinco naciones latinoamericanas discutieron proyectos que restringían derechos LGBT+, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El caso de España contrasta, pero no es la norma. Mientras en 2023 se aprobó la Ley Trans, que permite el cambio de sexo registral sin requisitos médicos, en otros países el péndulo va en dirección opuesta. En Hungría, por ejemplo, una ley de 2021 prohíbe "mostrar contenidos LGBT+ a menores", y en Rusia, la "ley de propaganda gay" se ha endurecido hasta criminalizar cualquier expresión pública de diversidad sexual.

¿Por qué importa esto fuera de los círculos activistas? Porque las leyes no son solo papeles. En Perú, desde que entró en vigor la Ley 31621, al menos 200 personas trans han visto rechazadas sus solicitudes de cambio de nombre, según datos de la organización Presente. En Guatemala, maestros han dejado de abordar temas de diversidad por miedo a represalias. Y en Paraguay, el intento de ley anti-"ideología de género" generó un clima de autocensura en medios y escuelas.

¿Qué hacer cuando la ley no te protege?

Ante este panorama, la comunidad LGBT+ y sus aliados han encontrado formas de resistir. En Perú, colectivos como Más Igualdad han presentado recursos de inconstitucionalidad contra la Ley 31621. En Guatemala, la organización Visibles documenta casos de discriminación para llevar el tema a instancias internacionales. Y en redes sociales, el hashtag #LeyNoEsTuAmiga se ha usado para visibilizar cómo estas normas afectan la vida cotidiana: desde trámites bancarios hasta acceso a salud.

También hay estrategias menos confrontativas. En México, donde no hay una ley federal trans, algunos estados —como Ciudad de México o Jalisco— han avanzado en marcos locales que sí reconocen la identidad de género. En Argentina, pionera en la región con su Ley de Identidad de Género de 2012, se han creado guías para que las personas trans puedan ejercer otros derechos, como el voto o la educación, sin depender de documentos que no las representan.

El desafío es doble: por un lado, frenar los retrocesos legales; por otro, construir alternativas donde el Estado falla. En países donde la ley se usa como arma, la solidaridad se vuelve un acto político. Como dijo una usuaria en Twitter durante las protestas en Lima: "Si la ley no me nombra, yo me nombro a mí misma".

El debate sobre qué es —y qué debería ser— una ley está lejos de cerrarse. Mientras tanto, para muchas personas LGBT+ en español, "ley" ya no es sinónimo de justicia, sino de lucha.