ley de la silla
En Perú, una norma obliga a los locales a permitir que cualquier cliente se siente, pero su aplicación revela la discriminación cotidiana contra la comunidad LGBT+.
El último viernes de julio, en un café de Miraflores, Lima, un grupo de amigas trans se negó a pagar la cuenta. No por falta de dinero, sino porque el local les había negado el derecho a sentarse. "Aquí no servimos a gente como ustedes en las mesas", les dijo el encargado, señalando hacia la barra. La escena, grabada con un teléfono, se volvió viral en Perú: era la primera vez que muchas personas escuchaban hablar de la "ley de la silla".
La norma, aprobada en 2022 pero poco difundida, obliga a los establecimientos comerciales en Perú a permitir que cualquier cliente —sin importar su identidad de género, orientación sexual o apariencia— ocupe una silla o mesa si hay disponibilidad. No es una ley LGBT+ en sí misma, pero su aplicación ha revelado algo incómodo: en un país donde el 63% de la población cree que los derechos de esta comunidad "van demasiado lejos" (según la encuesta de Ipsos de 2023), sentarse se ha convertido en un acto político.
¿Por qué una ley para algo tan básico?
La "ley de la silla" (Ley N° 31498) nació como respuesta a denuncias de discriminación en bares, restaurantes y centros comerciales. Antes de su aprobación, no era raro que a personas LGBT+ —especialmente a mujeres trans, hombres gays afeminados o parejas del mismo sexo— se les negara el acceso a zonas "VIP", se les obligara a consumir de pie o se les asignaran mesas cerca de los baños. En 2021, la Defensoría del Pueblo registró 182 casos de este tipo, aunque la cifra real podría ser mayor: muchas víctimas no denuncian por miedo o por normalizar el maltrato.
Lo irónico es que la ley no menciona explícitamente a la comunidad LGBT+. Su redacción es genérica: "Todo cliente tiene derecho a ocupar una silla o mesa en establecimientos comerciales si hay disponibilidad". Pero en la práctica, son las personas queer quienes más la invocan. "Es como si el Estado hubiera creado una herramienta sin querer para exponer un problema que muchos prefieren ignorar", dice Jheinser Pacaya, activista trans y coordinador de la organización Más Igualdad Perú.
El efecto dominó en Latinoamérica
Perú no es el único país donde sentarse se ha vuelto un campo de batalla. En México, la Ciudad de México y Jalisco tienen ordenanzas similares, aunque con menos difusión. En Argentina, la ley antidiscriminación de 2012 incluye cláusulas contra la exclusión en espacios públicos, pero su aplicación es desigual. Lo que hace única a la norma peruana es su enfoque punitivo: los locales que la incumplen pueden ser multados con hasta 10 UIT (unos 50,000 soles, o 12,000 euros).
Sin embargo, el problema no es legal, sino cultural. En Lima, por ejemplo, hay barrios donde la ley se aplica sin resistencia —como Barranco, conocido por su ambiente LGBT+ friendly— y otros donde los dueños de locales inventan excusas: "Las mesas están reservadas", "Es política de la casa", o incluso "No queremos problemas". En provincias como Arequipa o Trujillo, la situación es peor: allí, la presencia de personas trans en espacios públicos sigue siendo escasa, y cuando ocurre, suele generar murmullos o miradas.
Un caso emblemático ocurrió en febrero de 2024, cuando un grupo de jóvenes gays fue expulsado de un restaurante en el centro de Lima. El dueño argumentó que "los clientes heterosexuales se quejaban". La denuncia llegó a la municipalidad, que clausuró el local por 48 horas. Pero al reabrir, el restaurante colgó un cartel: "Derecho de admisión". La ley de la silla no prohíbe explícitamente ese tipo de letreros, lo que deja un vacío que muchos negocios aprovechan.
Sentarse como resistencia
Para la comunidad LGBT+ peruana, la ley ha adquirido un significado simbólico. "No se trata solo de una silla, sino de ocupar espacios que históricamente nos han negado", explica Susel Paredes, congresista abiertamente lesbiana y una de las impulsoras de la norma. En un país donde el 42% de las personas trans reporta haber sido discriminada en el último año (según el INEI), sentarse en un café o en un cine es un acto de visibilidad.
Las redes sociales han jugado un papel clave. Bajo el hashtag #LeyDeLaSilla, usuarios comparten experiencias de locales que la cumplen —como la cafetería La Bodega Verde en Miraflores, que colocó un cartel: "Aquí todos se sientan"— y de aquellos que la ignoran. También hay memes: uno muestra a una silla con la bandera del arcoíris y el texto "Esta silla no discrimina". Otro, más ácido, reza: "En Perú, hasta para sentarte necesitas una ley".
Pero no todo es celebración. Algunos activistas critican que la norma es insuficiente. "¿De qué sirve que me dejen sentarme si luego el mesero me ignora o me cobra de más?", pregunta Gianna Camacho, trabajadora sexual trans. Para ella, la ley es un parche: "Lo que necesitamos es educación, no multas".
Mientras tanto, en las calles de Lima, la batalla continúa. El pasado 28 de junio, Día del Orgullo, decenas de personas se sentaron en las aceras de la avenida Larco, frente a locales que históricamente han discriminado. No compraron nada. Solo ocuparon el espacio. Algunos dueños llamaron a la policía; otros, en silencio, les ofrecieron mesas. Nadie fue multado. Pero esa noche, en las redes, el mensaje era claro: "Nos sentamos porque podemos. Y porque es nuestro derecho".
¿Crees que una ley así sería necesaria en tu país?
