ley

El barrio de Chapinero en Bogotá amaneció el pasado 25 de junio con las fachadas de tres locales LGBT+ cubiertas de pintura roja. No era un ataque vandálico cualquiera: junto a los grafitis, alguien había dejado impresos con la palabra "LEY" en mayúsculas y un número de artículo de un código penal que ya no existe. El mensaje era claro, aunque torpe: una amenaza disfrazada de legalidad, como si invocar una norma obsoleta pudiera borrar décadas de avances.

Lo ocurrido en Colombia no es un hecho aislado. En los últimos meses, la palabra "ley" ha reaparecido en discursos políticos y redes sociales como un comodín para justificar retrocesos en derechos LGBT+. Desde proyectos que buscan restringir el matrimonio igualitario hasta iniciativas que pretenden prohibir la educación con perspectiva de género en escuelas, el término se ha convertido en un arma retórica. Pero, ¿qué hay detrás de este revival legalista?

Cuando la ley se usa para retroceder

En 2023, al menos cinco países de América Latina presentaron proyectos de ley que, bajo el argumento de "proteger la familia tradicional", buscaban limitar derechos de la comunidad LGBT+. En Perú, el congresista Alejandro Muñante impulsó un proyecto para prohibir el matrimonio igualitario, citando artículos constitucionales que, según él, "defienden la familia natural". En Guatemala, una iniciativa similar llegó al Congreso con el apoyo de grupos evangélicos, aunque finalmente fue archivada.

El patrón es recurrente: se invoca la ley no para ampliar derechos, sino para anclarlos en el pasado. "Es una estrategia de miedo", explica Daniela Ruiz, abogada especializada en derechos humanos. "Se presenta como si fuera un debate técnico, cuando en realidad es ideológico. Usan la palabra 'ley' para dar legitimidad a lo que no la tiene".

En España, donde el matrimonio igualitario cumple 19 años este 2024, el partido Vox ha intentado en varias comunidades autónomas derogar normativas locales que protegen a personas trans. En Valencia, por ejemplo, presentaron una moción para eliminar las guías de lenguaje inclusivo en la administración pública, argumentando que "la ley debe ser neutral". El problema es que la neutralidad, en este caso, significa ignorar realidades.

La ley como escudo y como espada

Pero no todo es retroceso. En México, la Suprema Corte declaró en 2023 inconstitucionales las leyes estatales que prohibían el matrimonio igualitario, obligando a los congresos locales a ajustar sus códigos. En Argentina, el año pasado se aprobó la Ley de Cupo Laboral Travesti-Trans, que reserva el 1% de los puestos en el sector público para personas de ese colectivo. Y en Chile, la Ley de Identidad de Género, aunque con limitaciones, permitió que miles de personas rectificaran su nombre y sexo registral sin requisitos médicos.

Estos avances demuestran que la ley también puede ser una herramienta de progreso. El problema surge cuando se instrumentaliza para lo contrario. "La diferencia está en quién la interpreta y con qué fines", señala Ruiz. "Una ley que protege derechos no es lo mismo que una ley que los restringe en nombre de una moral específica".

El caso de Colombia es ilustrativo. En 2016, la Corte Constitucional legalizó el matrimonio igualitario, pero en 2024, congresistas del Pacto Histórico y del Centro Democrático presentaron proyectos para "regular" las uniones entre personas del mismo sexo, argumentando que la sentencia judicial no era suficiente. La paradoja es evidente: se quiere legislar sobre algo que ya es legal, pero con el objetivo de limitarlo.

¿Qué hay detrás del discurso legalista?

El uso de la ley como arma política no es nuevo, pero en el contexto actual tiene características específicas. En primer lugar, hay un intento de revestir de formalidad lo que son prejuicios. Frases como "la ley debe proteger a la familia" o "el Estado no puede imponer ideologías" suenan técnicas, pero esconden una agenda conservadora.

En segundo lugar, hay un aprovechamiento de la polarización. En países como Brasil o Argentina, donde la derecha y la izquierda están enfrentadas, los discursos anti-LGBT+ se presentan como una "tercera vía" que trasciende ideologías. "Es una falacia", dice Ruiz. "Detrás de estos proyectos siempre hay grupos con intereses concretos, ya sean religiosos, económicos o de poder".

Por último, está el factor redes sociales. Plataformas como X (antes Twitter) o TikTok han amplificado mensajes que antes quedaban relegados a círculos minoritarios. Un tuit que diga "la ley natural está por encima de la ideología de género" puede viralizarse en horas, aunque su base legal sea inexistente. "Es el efecto de la posverdad aplicado al derecho", advierte Ruiz. "Se repite tanto una mentira que termina sonando a verdad".

Lo ocurrido en Chapinero, con esos grafitis que citaban un artículo derogado, es un ejemplo extremo de este fenómeno. Pero no es el único. En Lima, activistas denunciaron que en 2023 aparecieron folletos en universidades con frases como "La Constitución protege la familia, no el pecado". En Ciudad de México, colectivos conservadores han repartido trípticos en metro con supuestos "artículos legales" que prohibirían la adopción homoparental, aunque en realidad no existen.

La ley, cuando se usa así, deja de ser un instrumento de justicia para convertirse en un campo de batalla. Y en esa lucha, la comunidad LGBT+ no está sola: organizaciones de derechos humanos, colectivos feministas y hasta sectores progresistas de la Iglesia católica han salido a defender los avances. Pero el riesgo es real. Como dijo una vez la activista argentina Diana Sacayán: "Los derechos no se mendigan, se conquistan. Pero también se defienden".

¿Hasta dónde puede llegar este revival legalista? Dependerá, en buena medida, de si la sociedad lo permite. Porque una ley, al final, no es más que el reflejo de lo que una sociedad está dispuesta a tolerar.